El presidente Donald Trump anunció el miércoles (01.04.2020) que Estados Unidos está enviando buques de la Armada hacia Venezuela para reforzar sus operaciones antinarcóticos en el Caribe, luego de presentar cargos por narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro.
"Hoy Estados Unidos está fortaleciendo sus operaciones contra las drogas en Latinoamérica para proteger al pueblo estadounidense del azote mortal de las drogas. No dejaremos que los carteles del narcotráfico se aprovechen de esta pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses", anunció Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Se trata de una de las mayores acciones militares de Washington en la región desde la invasión de Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega y llevarlo a Estados Unidos para que enfrentara cargos por drogas.
En la misión participan buques de guerra de la Armada, aeronaves de vigilancia y equipos de fuerzas especiales rara vez vistos anteriormente en la zona. Detalló que las operaciones militares ya han comenzado, y que cuentan con el apoyo de otras 22 naciones, que aportaran efectivos castrenses e información de inteligencia.
"Estamos desplegando destructores navales, barcos de combate, helicópteros, aviones de la fuerza aérea para labores de vigilancia y patrullas de la Guardia Costera, duplicando nuestras capacidades en la región", afirmó Trump, que compareció flanqueado por los militares de su Gobierno.
El objetivo de la operación serán los cárteles mexicanos y el círculo cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra el que la Justicia de Washington presentó cargos la semana pasada por narcotráfico y por el que ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.
"El pueblo venezolano sigue sufriendo tremendamente debido a Maduro y su control criminal sobre el país, y los narcotraficantes están aprovechando esta anarquía”, dijo el secretario de Defensa Mark Esper tras el anuncio presidencial.
El primer trimestre de 2020 ha visto a la administración Trump intensificar su retórica contra Venezuela. En el estado de la Unión, el presidente Trump prometió "aplastar" y destruir al gobierno venezolano. Esto fue seguido por una amenaza renovada de un bloqueo naval en el país, que es un acto de guerra bajo las leyes estadounidenses e internacionales. Luego, el Departamento de Estado señaló con entusiasmo que la "Doctrina Monroe 2.0" se "desarrollará en las próximas semanas y meses", al tiempo que declara la "Marcha de máxima presión" contra Venezuela.
Estas no son solo meras amenazas, la retórica ha sido respaldada por políticas y acciones. La petrolera rusa Rosneft, uno de los principales compradores mundiales de petróleo venezolano, ha visto sancionar a dos de sus filiales en menos de un mes por hacer negocios con Venezuela. El Departamento de Estado telegrafió este movimiento en febrero, destacando a las compañías petroleras Rosneft, Reliance (India) y Repsol (España). Chevron, la mayor compañía petrolera de Estados Unidos que aún trabaja en Venezuela, ha sido advertida por la administración Trump de que su licencia para operar en el país (que lo exime de las sanciones) no se renovará.
Las sanciones han tenido un alto costo, causando daños a la economía por un valor de al menos 130 mil millones de dólares entre 2015 y 2018. Desde 2015, el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 49 petroleros, 18 compañías venezolanas, 60 compañías extranjeras y 56 aviones (41 perteneciente a la aerolínea estatal Conviasa y 15 pertenecientes a la petrolera estatal PDVSA), pero esta es la primera vez que persiguen a petroleras extranjeras. Al apuntar a Rosneft Trading y TNK Trading (las dos subsidiarias de Rosneft), Estados Unidos hace casi imposible que esas firmas continúen comerciando en el petróleo de Venezuela, ya que las compañías navieras, las compañías de seguros y los bancos se negarán a trabajar con ellos.
Peor aún, según el ex relator especial de la ONU Alfred de Zayas, las sanciones fueron responsables de la muerte de más de 100,000 venezolanos. Por lo tanto, no es sorprendente que Venezuela haya solicitado a la Corte Penal Internacional que investigue las sanciones como crímenes de lesa humanidad.
Maduro ha fustigado la decisión del gobierno de Trump de ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por su arresto, diciendo que es obra de un “vaquero racista” que busca dar a Estados Unidos control de las vastas reservas petroleras de Venezuela, las más grandes del mundo.
El gobierno de Trump ha insistido desde hace tiempo que todas las opciones para sacar a Maduro del poder están sobre la mesa, incluyendo las militares. Aun así, no hubo ni hay indicios de que se esté planeando una invasión.
En una primera reacción del gobierno venezolano, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez dijo que Maduro estaría "dispuesto a colaborar" con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico "si es un intento serio".
En una intervención televisada, Rodríguez señaló que "Venezuela saluda que, por primera vez en décadas, las autoridades de Estados Unidos tomen medidas para salvaguardar sus fronteras, históricamente permeables ante las miles de toneladas de drogas que ingresan a ese país provenientes de su aliado y socio, Colombia.
Por Omar Floyd
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