El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a las fuerzas de la ley "disparar a matar" a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia de COVID-19, en un discurso televisado durante la noche del miércoles.
"No dudo. Mis órdenes son para la Policía y el Ejército. En caso de problemas o de una situación en que la gente se pelee y sus vidas estén en peligro, dispárenles a matar", aseveró el mandatario tras señalar que el brote viral "está empeorando".
Duterte dijo que también pediría a la Policía que castigue a los que atacan a médicos y trabajadores de la salud con productos químicos tóxicos. "Quienes causen problemas morirán de hambre en las cárceles", advirtió. También acusó a grupos civiles de izquierda de instigar la protesta: "Izquierdistas, ustedes no son el gobierno. No anden por ahí causando problemas y disturbios porque ordenaré su detención hasta que finalice el brote".
El presidente obtuvo la semana pasada "poderes especiales" del Congreso para lidiar con la pandemia en una ley que incluye la provisión de 200.000 millones de pesos (4.000 millones de dólares) para repartir entre 18 millones de hogares desfavorecidos del país, donde el 16 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, la ayuda está bloqueada porque el gobierno todavía elabora "una base de datos consolidada" de los beneficiarios.
Defensores de derechos humanos y grupos civiles han denunciado este jueves las palabras del presidente, que se regaron rápidamente por las redes sociales, donde la etiqueta #OustDuterte (expulsar a Duterte) es tendencia desde anoche.
Las protestas
El gobernante filipino formuló esa declaración horas después de que los residentes del distrito de San Roque, en Quezon, a las afueras de Manila, se concentraran en torno a una autovía próxima a sus asentamientos para denunciar que no han habían recibido ningún paquete de alimentos ni otros suministros básicos desde que el confinamiento comenzó hace más de dos semanas.
La Policía y los agentes locales pidieron a los residentes que volvieran a sus casas, pero ante la negativa de estos, según el informe policial, los uniformados disolvieron el piquete y detuvieron a 20 de los manifestantes.
Jocy López, de 47 años y quién lideró al grupo de protesta, denunció a Al Jazeera que se vieron obligados a manifestarse porque sus familias pasan hambre. “Estamos aquí para pedir ayuda por el hambre”, dijo antes de ser detenida. “No nos han dado comida, arroz o dinero. No tenemos trabajo. ¿A quién se lo pedimos?”, planteo ante los periodistas.
¿Quién es Rodrigo Duterte?
Duterte nació el 28 de marzo de 1945 en Maasin. Hijo de un ex gobernador de la provincia de Davao, se graduó en Ciencias Políticas y Derecho. En los años 1970 fue fiscal de Davao, donde fue elegido alcalde en 1988.
En esa época, el municipio era conocido como la "capital de los asesinatos" en Filipinas. Durante sus siete mandatos no consecutivos (más de 22 años), la criminalidad cayó, aunque la ciudad sigue como una de las más violentas del país.
Durante sus mandatos como alcalde, introdujo el toque de queda para menores no acompañados y prohibió la venta y el consumo de alcohol en ciertas horas. Pero la mejora en los indicadores de seguridad fue resultado, en gran parte, de asesinatos extrajudiciales de sospechosos de crímenes y de drogadictos.
Según la organización internacional Human Rights Watch, esos homicidios eran ejecutados por hombres armados en motos. Las estimaciones de varios activistas indican que más de 1.000 de esos asesinatos se produjeron durante los mandatos de Duterte en la ciudad.
La HRW encontró evidencias de "complicidad" e "implicación directa de oficiales del gobierno local y miembros de la policía" en las muertes. Duterte, por otro lado, siempre negó la existencia de escuadrones de la muerte.
En mayo de 2016, con la promesa de acabar con la droga y el crimen, de matar a todos los traficantes y consumidores y de “echar sus cuerpos a los peces de la bahía de Manila”, Duterte ganó las elecciones presidenciales. Los electores creyeron en su afirmación de que había restablecido la ley y el orden en Davao, y votaron al "alcalde Rudy" porque les parecía un hombre fuerte, un salvador y un antídoto contra el "narcoestado" en el que Filipinas se ha convertido.
El narcotráfico, una excusa para matar pobres
La sanguinaria campaña del presidente filipino contra las drogas persiste y sigue destruyendo vidas y devastando comunidades. En julio del año pasado, Amnistía Internacional exigió a la ONU mediante un informe la inmediata apertura de una investigación sobres las graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la “guerra contra las drogas”.
El informe, llamado “They just kill: Ongoing extrajudicial executions and other violations in the Philippines, ‘war on drugs’”, muestra que la policía actúa con total impunidad cuando asesina a las personas de barrios pobres cuyos nombres aparecen en “listas de control de drogas” elaboradas al margen de todo proceso legal. El informe está basado en una investigación anterior de AI, cuyos resultados, publicados en enero de 2017, mostraron cómo la policía hostigaba sistemáticamente a las personas más pobres e indefensas del país, a la vez que colocaba “pruebas”, reclutaba a asesinos a sueldo, robaba a las personas a las que mataba y elaboraba informes oficiales falsos de los incidentes.
Para elaborar el documento AI entrevistó a testigos, familiares de las víctimas y agentes de las fuerzas del orden. Uno de los agentes confesó a la organización que la Policía les paga entre 160 y 300 dólares por cada ejecución, y además reciben comisión de las funerarias cercanas.
Las denuncias sobre la existencia de escuadrones de la muerte se desestimaron durante muchos años. En septiembre del 2016, un antiguo pistolero a sueldo, Edgar Matobato, declaró ante el Senado e implicó a Duterte y a su hijo en una serie de asesinatos de supuestos narcotraficantes y delincuentes. Pero no había pruebas irrefutables y, evidentemente, tampoco había ningún líder de los escuadrones que estuviera dispuesto a declarar. Hasta que apareció Arturo Lascanas.
Lascanas, un ex policía de 56 años que actualmente está exiliado en Singapur, declaró meses después ante el Senado que los escuadrones de la muerte eran reales y que se crearon por orden de Duterte con intención expresa de ejecutar a las personas que indicara. El ex policía sostuvo que él fue jefe del primer escuadrón de la muerte creado bajo el elegante nombre de unidad anticrimen de la policía de Davao. Su objetivo inicial era la eliminación de delincuentes peligrosos, aunque luego se amplió a opositores políticos y periodistas que criticaban al entonces alcalde Duterte.
Según su declaración, recibían órdenes directas de Duterte, quien les indicaba a quién matar y cómo deshacerse de los cuerpos.
Los reportes
En julio pasado, la Policía Nacional de Filipinas informó que sus fuerzas habían matado a más de 5.500 personas durante redadas de drogas. Grupos de derechos locales, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostienen que el número de muertos estaría más cerca de los 27.000. A excepción de tres policías involucrados en un asesinato que fue objeto de gran difusión en agosto de 2017, nadie ha sido condenado por ningún asesinato relacionado con la “guerra contra las drogas”.
En 2019 se registró un aumento en los ataques, a menudo letales, contra activistas de izquierda, incluidos líderes campesinos, ambientalistas, líderes tribales y figuras religiosas, todos considerados vinculados al Nuevo Ejército Comunista del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés). La tasa de violencia fue particularmente alta en la isla de Negros, donde presuntas fuerzas de seguridad del Estado mataron a campesinos, líderes comunitarios, ambientalistas, religiosos y sus partidarios.
Los grupos de izquierda enfrentaron redadas policiales donde se le plantaban armas y otras “pruebas” que resultaban en arrestos arbitrarios y detenciones. El gobierno y el ejército frecuentemente se refirieron a estos grupos e individuos como rebeldes comunistas o simpatizantes, una práctica comúnmente conocida como “etiquetado rojo”. Algunos periodistas también enfrentaron ataques políticos similares.
A diferencia de todas sus iniciativas en la guerra contra las drogas, el gobierno de Duterte ha hecho muy poco para investigar y enjuiciar a los responsables de ataques contra activistas por motivos políticos. Incluso parece ser que Duterte alienta tales ataques, por ejemplo, el último agosto pidió a las fuerzas militares que “aplicasen medidas más severas” contra la insurgencia.
Apoyo a la guerra
El 82 por ciento de los filipinos se siente satisfecho con la controvertida "guerra contra las drogas" del presidente Rodrigo Duterte. Las principales razones de su satisfacción es la disminución del número de traficantes y del crimen, según un sondeo realizado entre 1.200 personas por la consultora Social Weather Stations para el segundo trimestre del año pasado.
Las autoridades filipinas aseguran que la campaña antidroga ha permitido que más de 400 mil drogadictos busquen rehabilitación y la detención de 193 mil personas relacionadas con el consumo y el narcotráfico y también niegan la cifra de 27 mil muertos que sostiene la ONU y organizaciones no gubernamentales.
En una de sus últimas iniciativas respecto al narcotráfico, Duterte instó al Congreso el pasado julio a que reinstaure la pena de muerte para los crímenes relacionados con las drogas y la corrupción.
La ONU en la mira
Ese mismo mes de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para investigar las supuestas ejecuciones extrajudiciales en redadas antidroga y encargó a la alta comisionada, Michelle Bachelet, que prepare un informe al respecto que deberá presentar el año que viene.
El Gobierno filipino calificó la resolución como una "falta de respeto" y de estar "políticamente motivada" y llamó "falsos amigos" a los países que votaron a favor, que incluyen entre otros a España, Italia, Reino Unido, Argentina, México, Perú, Uruguay e Islandia, el país del que partió la iniciativa.
A la fecha, la Policía filipina sólo ha reconocido 6.700 muertos en redadas antidroga y ninguna ejecución extrajudicial.
Por El Turko
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