Entre los expertos hay fuerte temor sobre los estragos que podría causar el virus en Latinoamérica, una región con enormes bolsones de pobreza y un sistema de salud muy degradado.
El coronavirus se está extendiendo peligrosamente por América Latina, envolviendo a países cuyos sistemas de atención médica ya están plagados de pacientes por diversas enfermedades, con poblaciones empobrecidas y hacinadas en las que el distanciamiento social puede ser prácticamente imposible. Las políticas de los gobiernos parecen ser peor que la enfermedad.
Si bien las cifras latinoamericanas aún no se comparan con las de Estados Unidos, Italia, España, China, Alemania, Francia, y Reino Unido que individuamente registran más contagios que los 24.544 casos sumando todos los países de la región hasta el 2 de abril de 2020, el virus podría golpear mucho más fuerte que en aquellos. Según la Universidad de Johns Hopkins, que está haciendo un seguimiento en tiempo real de la evolución de la pandemia, el virus se ha triplicado al cierre de esta semana, y podría golpear la región con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque ninguno de los países latinoamericanos cuenta con los recursos materiales de infraestructura de los países imperialistas y potencias mundiales. Para tener una idea, Brasil destina en salud pública el 3,8% del PIB, contra el 7,9% de Reino Unido, el 8% de España y casi el 10% de Francia y Alemania. Al mismo tiempo, Brasil triplica la población que esos países.
Pero el gasto en salud no es el único indicador. En América Latina hay que agregar que está colmada de regiones empobrecidas que carecen de sistemas hídricos para minimizar los riesgos de contagio lavándose las manos, higienizando superficies, etc.
¿Todos acceden al agua?
Aunque el continente guarda las mayores reservas de hídricas del mundo, millones de personas no tienen acceso al agua potable, una de las normas básicas de la OMS para minimizar los contagios del coronavirus, entre muchas otras enfermedades.
El desplazamiento poblacional producido especialmente en los últimos 30 años desde regiones agrícolas por la tecnificación del campo, el despojo de tierras en favor de los pooles de siembra, y el desarrollo de la minería super contaminante, han expulsado a millones de personas a lo largo de todo el continente, sin equilibrase con un desarrollo de la industria o servicios que absorban esa población. Así, millones se vieron obligados a instalarse en las llamadas “villas de emergencia”, favelas o chabolas, que el intelectual Mike Davis ha llamado áreas urbanas hiper-degradadas. Refiriéndose a las regiones de las ciudades con hacinamiento extremo, viviendas precarias, sin acceso a los servicios básicos como electricidad o agua potable entre otros.
El sistema sanitario en la mayoría de los países se encuentra desmantelado y la logística para proveer alimentos es totalmente deficiente. Las respuestas que han dado los gobiernos a la pandemia del nuevo coronavirus, ha sido centralmente el cierre de fronteras, o distintos tipos de confinamiento masivo con restricciones punitivas sacando los ejércitos a las calles, como cuarentena obligatoria en Argentina y Colombia, “toque de queda” en Chile, o Estado de excepción en Ecuador. La máxima expresión se da en Perú donde Martín Vizcarra eximió de responsabilidad al Ejército si dispara contra quienes rompan la cuarentena obligatoria.
Junto a esto, todos los gobiernos, en medio de una crisis como ésta, han tomado medidas para garantizar las ganancias y los negocios de los grandes capitales nacionales y extranjeros, poniendo en grave riesgo la salud de millones. a pesar de los anuncios como el de la Cepal de que la crisis podría dejar 22 millones de personas más en la pobreza extrema.
Si bien el distanciamiento social es necesario, es insuficiente si no va acompañado de otras herramientas básicas como test masivos, un correcto aprovisionamiento de recursos a los hospitales y trabajadoras de la salud y medidas de seguridad en otros lugares de trabajo esenciales. Además, el confinamiento crea enormes problemas a la hora de aplicarlo de la manera en que intentan los gobiernos, ya que en muchas regiones es casi imposible cuando decenas de miles trabajan vendiendo en la calle u otras actividades de economía informal. Una trágica consecuencia de estos confinamientos forzados ha sido la agudización de la violencia de género hacia las mujeres y la diversidad sexual, siendo que el Estado no les garantiza medidas básicas de seguridad, como refugios adecuados, y se deben seguir conviviendo con sus abusadores y golpeadores.
Hasta el momento ninguno con estas medidas logró “aplanar la curva”. Incluso Argentina que, a diferencia del resto, tomó una medida de cuarentena temprana, reconoce que no tiene datos seguros, ya que los test realizados hasta ahora fueron mínimos. Sólo algunos países como Argentina, Uruguay o Cuba tienen un sistema de salud pública, aunque muy degradado, mientras en Perú o Chile, por ejemplo la salud está privatizada. En todos los casos priman la falta de suministros médicos y los tests masivos para tener dimensión de cuántos contagiados hay.
La situación es desigual en cada país, pero lo que sí es seguro es que la deficiente infraestructura es generalizada producto de años de aplicación de los paquetes del FMI con recortes en salud pública, educación, salarios e infraestructura. Es decir, producto de la expoliación imperialista realizada con la complicidad de los gobiernos nacionales.
De esta manera países como Bolivia tiene problemas por falta agua, o de agua potable por su ubicación geográfica, pero además por falta de obras públicas, ya que las tuberías son deficientes o contaminan el agua por los años de privatización del agua (hoy estatizada). En Brasil, casi 31 millones de personas no tienen acceso al servicio de agua potable y 74 millones no tienen alcantarillado – 16 % y 37 % respectivamente de los 210 millones de habitantes-.
En Venezuela, la pandemia llegó en medio de la mayor crisis de suministro de agua de la historia del país en los últimos 50 años. Se estima que entre el 85 y el 90 % de las personas no tienen acceso a agua por tuberías de manera regular, entre ellos un porcentaje que debe acercarse al 20 % no recibe suministro de agua por períodos que pueden oscilar entre tres semanas y varios meses. La situación obliga a muchas personas a comprar agua envasada, pero los costos son cada vez mayores, o a recurrir a fuentes de agua alternativas, que incluyen agua de lluvia como en México, o de la niebla en Perú, pero mayormente en las ciudades se recurre a aguas más o menos contaminadas.
En México, la situación también es crítica. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), solo el 53,6 % de los mexicanos tiene acceso diario al agua en su vivienda. Igualmente, el acceso a la red de agua no garantiza que el preciado recurso esté disponible las 24 horas del día en América Latina.
Casos testigo
El impacto más fuerte de la pandemia pareciera estar en Brasil y Ecuador, dando un ejemplo de lo que podría pasar en el resto de los países. Si el virus impacta en las proporciones de propagación que está teniendo Estados Unidos, que ya superó los 250.000 casos, será catastrófico en América Latina. Por eso el impactante colapso que está sufriendo Ecuador. Las imágenes en este país nos dejan helados. Los hospitales rebalsaron durante el “toque de queda” impuesto por el gobierno de Lenin Moreno. La cifra de contagiados supera los 3.200 casos y la falta de tests rápidos impide que la cifra oficial de fallecidos vaya acorde a la realidad, marcando solo 140 fallecidos, aunque en las redes sociales muestran personas muertas en las calles de Guayaquil, la ciudad más afectada y que tiene grandes bolsones de pobreza.
En Brasil, el país más poblado de América Latina, tiene 8.500 casos reportados, la respuesta del Gobierno de Bolsonaro ha sido un monumento a la desidia. Los expertos en salud como Ashish Jha, director del Harvard Global Health Institute, temen que puedan tener consecuencias devastadoras. Los estados más poblados, en la costa sureste del país, han cerrado efectivamente. Pero el presidente calificó la crisis como una "fantasía" impulsada por "un poco de frío" pidiendo en un discurso nacional la semana pasada, que los brasileños regresen a las calles, el comercio y las escuelas.
Los números son más aterradores si pensamos en los trabajadores informales y los migrantes, donde la gran mayoría son mujeres. Como aquellas 200 familias varadas en la frontera entre Bolivia y Chile. O las miles de personas que migran a través de Centroamérica hacia EE.UU. que han quedado atrapadas por el cierre de fronteras en México.
En Bolivia, por ejemplo, grandes comunidades indígenas han quedado en el olvido. Diversas organizaciones le enviaron cartas a la golpista Jeanine Áñez solicitando "coordinación con las autoridades indígenas para enfrentar la pandemia", exigiendo una inmediata atención médica, equipos, medicamentos, información clara y la provisión de alimentos.
Mientras tanto, las cifras del Banco Mundial mencionan que los trabajadores no registrados en el subcontinente alcanzan al menos el 50 %, al menos 200 millones de trabajadores. En este contexto, gobiernos como el de Piñera -y Bolsonaro, aunque luego retrocedió-, anunciaron (con el apoyo de los partidos con bancas en el parlamento) medidas para rescatar empresas y bancos permitiendo la destrucción masiva de empleos.
En Colombia la situación también es desesperante, el hambre tocó la puerta de millones. Por eso miles de trabajadores de la construcción ytrabajadores informales se salieron a las calles de Bogotá e hicieron huelga, al tiempo que el ejército reprimía a indígenas y migrantes hacinados en habitaciones de hasta 10 personas. Además el personal sanitario viene protestando por el pago de sus salarios. El Gobierno del derechista Iván Duque no había enviado la ayuda prometida a quienes no cuentan con ninguna fuente de ingresos.
¿Cuál es la salida?
Durante el 2019, hasta el inicio de la pandemia, distintos países del mundo y América Latina vivieron situaciones agudas de lucha de clases. Algunos gobiernos, como el de Piñera o Lenin Moreno, intentaron utilizar la pandemia para enviar a sus casas a los manifestantes con “toques de queda”. Una forma de barrer el problema bajo la alfombra.
La situación de pandemia está exponiendo más fuertemente los problemas estructurales latinoamericanos, mientras se prevé un panorama económico catastrófico que ya está dejando sólo en Estados Unidos a 10 millones de personas más sin trabajo. Donde abunda el trabajo precario como América Latina -50 % de los trabajadores según el Banco Mundial-, esa situación puede ser aún más aguda luego de pandemia.
Es imperiosa una salida como la que muestran los trabajadores colombianos o los distintos ejemplos de obreros industriales en Francia, España o Italia que han exigido reconvertir la producción para atender las necesidades de respiradores e insumos sanitarios; o los trabajadores de Amazon en Estados Unidos, que fueron a la huelga por condiciones óptimas de salud en los galpones del hombre más rico del mundo.
En los países latinoamericanos es urgente que las y los trabajadores impongamos a los gobiernos y a los capitalistas que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Esto es, que todos los recursos disponibles se pongan al servicio de las necesidades del pueblo. Para esto son indispensables medidas como el no pago de las deudas externas, completamente fraudulentas, y el fin de los bloqueos económicos criminales que impulsa Estados Unidos sobre Cuba y Venezuela, que ahogan a las poblaciones. Al contrario, aumentan la presión como en estos momentos en que EEUU y el Reino Unido están enviando buques de guerra al Caribe amenazando a Venezuela que, a su vez, enfrenta la caída de precios del petróleo.
Cada vez queda más claro que hay que nacionalizar bajo control de sus trabajadores las industrias estratégicas, los laboratorios farmacéuticos y las clínicas privadas para sacar esos recursos de la lógica de las ganancias capitalistas y ponerlas al servicio de la lucha contra la pandemia y de las necesidades básicas de la población.
Por Salvador Soler
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