El manejo político de la pandemia global del COVID-19 y sus consecuencias ha mostrado la falta de perspectiva de género de todos los gobiernos para abordar la crisis económica y social.
Lejos de presentarse como una guerra, metáfora a la que acudieron varios gobiernos en las últimas semanas, se muestran con mayor claridad las formas de dominación y explotación existentes en nuestra sociedad basadas en una serie de desigualdades sociales, económicas, sexo-genéricas, étnicas, religiosas, políticas y geopolíticas.
Para muestra de la existencia del patriarcado y su relación con el capitalismo, el racismo, el colonialismo, podríamos mostrar mil botones, pero sólo vamos a exponer algunos a través de una serie de noticias de las últimas semanas.
Para las mujeres y los colectivos LGTTBI, la emergencia sanitaria y el aislamiento social más o menos obligatorio, dependiendo de cada país, significan un fuerte incremento de las violencias ya existentes a las que están expuestxs periódicamente pero en condiciones excepcionales.
Mujeres migrantes, mujeres refugiadas
Del lado oriental del Mediterráneo, en Líbano, son muchas las trabajadoras domésticas migrantes que viven allí. Bajo el sistema de kafala trabajan en condiciones semi-esclavas y no pueden irse sin el consentimiento de sus empleadores. Son muchas las que terminan como “ilegales” cuando escapan de sus patrones abusadores, quienes les confiscan sus pasaportes e identificaciones. Para las personas indocumentadas, el costo para hacerse las pruebas del Covid-19 es de 750.000 libras libanesas (alrededor de 498 dólares), imposible para las que sobreviven a las necesidades básicas.
Poco menos de un millón de refugiados sirios llegaron al Líbano después del estallido de la guerra en Siria de 2011, según los registros de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR). Aquí, los municipios en su cruzada xenofóbica han implementado restricciones y toques de queda dirigidas sólo contra la población de refugiadxs sirixs, que en su mayoría la componen mujeres, niños y niñas. Con la carta del virus el gobierno acorrala aún más a esta comunidad hacia condiciones sanitarias y de vida paupérrimas padeciendo la violencia extrema y quedando expuestas a la esclavitud sexual.
Los datos duros hasta ayer comunican que en el país se habían registrado 494 casos de coronavirus y 16 muertes relacionadas con COVID-19. De esos casos, el 93% son pacientes libaneses y sólo tres sirios dieron positivo.
La feminización del trabajo en la economía del cuidado es altamente conocida, lo que está vinculado centralmente al trabajo doméstico invisibilizado de la mayoría de las mujeres al interior de sus hogares y se extiende al trabajo doméstico asalariado por fuera de ellos, por tener una matriz común.
En el caso de los países europeos, la participación de las mujeres en empleos que tienen que ver con las tareas domésticas, de cuidados y de salud, las componen las migrantes y racializadas. En España más del 90% de las trabajadoras domésticas son mujeres y en su mayoría provenientes de Latinoamérica, que se encuentran en condiciones precarias o informales de contratación laboral. Estas trabajadoras están expuestas a graves riesgos de salud en el contexto de la pandemia porque son contratadas por las familias europeas para cuidar a los ancianos que constituyen la población más afectada por el virus pero también por tener menor acceso a la salud. Otras, fueron despedidas, situación desesperante para estas trabajadoras que pertenecen al único colectivo que puede ser despedido sin razón y que no puede acceder a una prestación por desempleo. Las que cuentan con una relación laboral formal perciben los salarios más bajos del país: un 44% del sueldo promedio, según un estudio de 2019 de la Fundación Alternativas. Además son un blanco fácil de las políticas antimigratorias con el montaje de vigilancia y policial que se desplegó en el último mes.
Por Magalí R. Philip
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